La recuperación de costes en la prestación del servicio del ciclo integral del agua es uno de los principios de la Directiva marco del agua, recogido en su artículo 9.
La consecución de este objetivo se ve comprometida en los municipios rurales poco poblados debido a diferentes factores. El más importante tiene que ver con los elevados costes unitarios que deben de afrontar los ayuntamientos debido a que, en parte, las infraestructuras del ciclo integral del agua responden a una economía de escala y, por tanto, afecta negativamente en los municipios de poca población localizados en el entorno rural. Además, influye el bajo precio de las tarifas de agua vigentes, que no se corresponden con los costes del servicio.
Es común en estos municipios que el peso de la población dedicada a la agricultura sea significativo. El sector agrícola está fuertemente vinculado al agua, ya que es su principal insumo, entrando incluso en competencia con el sistema de abastecimiento a la población por dicho recurso. El coste que los agricultores soportan por m³ de agua es notablemente menor que el coste del m³ del agua de abastecimiento humano, lo que podría llevar a hacer comparaciones y generar resistencia a las subidas de precio por parte de este sector, incluso teniendo en cuenta que el precio del agua en las poblaciones rurales es bajo en comparación con las poblaciones de ámbitos más urbanos. Por tanto, la cuestión que se plantea es dilucidar en qué medida la población está dispuesta a pagar más por un mejor servicio del agua y si las personas ligadas al sector agrícola pudieran estar formando un grupo de interés en torno a la fijación del precio del agua destinada al consumo humano.
Se trata de una cuestión de gran relevancia, ya que en España, de los 8.116 municipios existentes, 5.872 tienen menos de 2.000 Habitantes y el 77% menos de 3.000, a lo que habría que unir, por un lado, que en la mayoría de los casos la gestión del agua recae exclusivamente en los propios ayuntamientos, los cuales pudieran verse influenciados por los grupos de interés locales, y por otro lado, que al principio de recuperación de costes marcado por la Directiva marco del agua se establecen excepciones para estos casos.
Dentro del marco de la acción C2, destinada al análisis socioeconómico y sostenibilidad ambiental del proyecto LIFE ECOGRANULARWATER, a través del método de la Valoración Contingente, se ha procedido a realizar un análisis en el municipio de Torre Cardela, provincia de Granada, con objeto de evaluar la disponibilidad al pago por la población en general, y la de los habitantes vinculados a la agricultura en particular, con objeto de identificar la posible presión de este grupo de interés para mantener los precios bajos.
Contrariamente a la hipótesis anterior, el estudio no evidencia que la población vinculada a la agricultura sea resistente a la subida del precio del agua potable ni que esté haciendo lobby para mantener las tarifas, sino que entre este sector de la población se estaría dispuesto a aceptar una subida de la tarifa entre el 15% y el 25%, mientras que en el resto de la población el incremento aceptable se fijaría entre el 9% y el 20%. En general la disposición a pagar es baja aunque, en la mayoría de los casos, las reticencias a la subida de las tarifas responden principalmente a los bajos ingresos. Cabría la posibilidad de realizar subidas sensibles en las tarifas para aumentar la recuperación de costes, pero debieran de ir ligadas a bonificaciones para familias de bajos ingresos.
Como resultado de esta investigación, se ha publicado un artículo científico en el volumen 12 de la revista científica Water, que se puede descargar íntegramente en el siguiente link: